Hay fecha de inicio para el juicio por la represión fabril en Las Marías

El juicio que tiene como víctimas de lesa humanidad a ex trabajadores de la estancia dueña de las marcas de yerba mate Taragüí y La Mañanita, comenzará el 2 de julio de este año, según dispuso el Tribunal Oral Criminal Federal de Corrientes.


Los casos que se juzgarán en el mismo son las desapariciones de los obreros Marcelo Peralta y Neris Victoriano Pérez. En el banquillo se encontrará un único acusado: el oficial Héctor María Torres Queiral, quien además era dueño de otra estancia relacionada con Las Marías. Llamil Reston y Juan Carlos Sacco, militares también imputados, fueron apartados de la causa por razones de salud.

Este juicio tiene una oscura particularidad: ninguno de los dueños de la empresa Las Marías, los integrantes de la familia Navajas Artaza, se encuentra imputado. En 2009, fue sobreseído el jefe Adolfo Navajas Artaza, sin que el juez subrogante de Paso de los Libres Antonio Chalup le tomara declaración indagatoria y sin que el fiscal que seguía el caso apelara la medida. Frente al mismo empresario acusado, catorce jueces federales se excusaron de tomar la causa.
 
La empresa y los crímenes*

Las Marías es un establecimiento agroindustrial ubicado en las cercanías de Gobernador Virasoro, en el nordeste de la provincia Corrientes. Su principal actividad es la producción de yerba mate, aunque también produce té y se dedica a actividades ganaderas y forestales.

En los años setenta del siglo pasado, los trabajadores rurales e industriales de la empresa lograron organizarse gremialmente, encuadrándose respectivamente en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE). A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo. En 1974 realizaron una huelga de cuarenta y ocho horas que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores.

La dictadura cívico-militar instalada en marzo de 1976 cortó el proceso de movilización obrera, mediante la represión de toda actividad de carácter político y gremial y, concretamente, mediante el secuestro de más de una decena de trabajadores de Las Marías, casi todos ellos con participación en los sindicatos. En estos hechos, que constituyen delitos de lesa humanidad, existen evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.

Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los procedimientos de secuestro, se evidencian situaciones en las que miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores. La presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente es un fuerte indicio. Asimismo, existieron casos de secuestros de trabajadores en viviendas emplazadas dentro de propiedades de la firma.

La pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas es otro dato importante, más teniendo en cuenta las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó contra ellos la propia empresa. Se evidencia, además, un claro conocimiento de los hechos criminales, así como una serie de elementos complementarios que muestran con claridad que la empresa habilitó y facilitó recursos para la comisión de los delitos.

Los trabajadores, las víctimas*

Las primeras detenciones ilegales en Gobernador Virasoro tuvieron como víctimas a Marcelo Acuña, secretario general del STIA; a Ramón Aguirre, secretario general de FATRE; y a Pablo de la Cruz Franco, tesorero del STIA. Los tres trabajadores y dirigentes gremiales fueron secuestrados en horas de la madrugada, cada uno en su domicilio, el 10 de abril de 1976, y conducidos a la comisaría de Gobernador Virasoro.

Alrededor de los meses de junio y julio fue secuestrado Julio Rito Gervasoni, abogado de los sindicatos de Virasoro. Otro abogado laboralista víctima fue Moisés Belsky, asesor de FATRE. Fue detenido entre septiembre y octubre de 1976 y compartió cautiverio con Ramón Aguirre.

En agosto de 1976 fueron detenidos otros dos trabajadores de Las Marías: Hipólito Mendieta, quien trabajaba en el establecimiento desde sus doce años, y Pedro Celestino. La causa de las detenciones e imputaciones fue una denuncia por defraudación, impulsada por Reynaldo Yualek, empleado jerárquico de la empresa.

Entre febrero y julio de 1977, se produjo un nuevo ciclo represivo en la ciudad. En esta ola de secuestros las víctimas fueron todos trabajadores vinculados a Las Marías, casi todos ellos con participación gremial.

La primera de estas detenciones fue la de Epifanio Silvestre Monzón, tarefero, talero y carpidor en el establecimiento. La siguiente detención fue la de Juan Manuel Gómez, quien era delegado de Las Marías por FATRE y vivía en la plantación denominada “Orsetti”, en el interior del establecimiento.

En marzo de 1977, se produjo un allanamiento en el domicilio de Neris Victoriano Pérez, trabajador rural en Las Marías y delegado de los tractoristas del FATRE. Pérez trabajaba de lunes a viernes en el establecimiento yerbatero, donde pernoctaba, y regresaba a su casa en los días de franco, los fines de semana. De manera excepcional, el jueves 2 de junio de 1977, la empresa le concedió el día libre. En el recorrido, secuestraron al trabajador de Las Marías y delegado de los tareferos del FATRE, Jacinto Bernal, también de su casa, en el barrio Vuelta de Ombú, en Virasoro.

El mismo 2 de junio de 1977, personal de la Gendarmería que se trasladaba en un vehículo de la policía provincial efectuó un violento allanamiento en la casa de Benjamín Areco, maquinista de Las Marías. El día 19 de ese mes, fue detenido el jornalero Héctor Sena, trabajador de Las Marías que había abandonado hacía poco su puesto a raíz de distintas amenazas que recibía.

Unos días después, el 29 de junio de 1977, se produjo la desaparición de Marcelo Peralta. Peralta había trabajado en Las Marías desde 1974 hasta marzo de 1976, empleándose luego en el establecimiento “María Aleida”. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, el teniente primero Martínez y otros miembros del Ejército y de la policía correntina, con la cooperación del interventor municipal y administrador de la estancia, Héctor Torres Queirel, ingresaron a su casa ubicada en el predio de la misma, sin orden judicial alguna. Lo sacaron de su vivienda en presencia de su esposa y lo introdujeron en un auto. Con anterioridad a aquel día, había sido secuestrado y golpeado Ramón Peralta, tarefero de Las Marías, hermano gemelo de Marcelo.

El 5 de julio de 1977 se produjo el secuestro de Carlos Arturo Escobar Solano, revisor de cuentas de FATRE .

Se presumen que Neris Perez y Marcelo Peralta fueron ejecutados de forma inmediata a su secuestro. Ambos se encuentran desaparecidos.

* Del capítulo "Las Marías", del libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, tomo II, pp. 275-326. Ver también: Andrea Copani,"Las Marías y la dictadura: responsabilidad empresarial en la represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado en una empresa del noreste argentino", en La Rivada, Unam, Posadas, Julio-Diciembre de 2017, vol. 5, no. 9.